El énfasis con que el gobernador Osvaldo Jaldo defendió el jueves pasado la tarea policial apaciguó un poco el ruido de dos semanas escandalosas para la fuerza de seguridad. El martes se habían allanado las casas de 15 comisarios denunciados por corrupción, y el martes anterior los mismos custodios del mandatario, junto con el ministro de Seguridad y la Fiscal de Estado, habían encontrado a dos agentes y dos presos trabajando como albañiles en la casa en El Cadillal del entonces jefe de la Unidad Regional Norte, comisario Gustavo Beltrán.

Reto y elogio

Primero fue la reacción básica ante la evidencia (Beltrán había sido pescado in fraganti, con las manos en la masa) y a la plana mayor le llegó el reto indignado: Jaldo les dijo que por no controlar habían ensuciado todo lo bueno que se había hecho en materia de seguridad.

Después, tras las detenciones y las audiencias y el envío de los responsables al calabozo, llegó la defensa enfática. “Esta es la Policía que en dos años bajó los homicidios un 50%; esta es la Policía que bajó los delitos un 30%; esta es la Policía reconocida a nivel nacional por la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, dijo, y añadió: “Lo que se hizo en materia de seguridad en estos dos años no se hizo en los últimos 20, 30 años en la provincia de Tucumán; no se puso un ladrillo para la cárcel; no se compró una pistola para seguridad; no se compró equipamiento para la Policía”, añadió.

Todo bastante cierto. Aunque se puede decir que en los gobiernos anteriores siempre se anunciaron compras de insumos y de equipamiento -sobre todo vehículos; sin olvidar la polémica compra de armas israelíes durante el Gobierno de Juan Manzur- no cabe duda de que han descendido las protestas públicas por la inseguridad o por los ataques de delitos callejeros. A tal punto que se han vuelto más noticia los conflictos vecinales y que progresivamente han ido copando la parada de noticias policiales los incidentes vinculados con la comercialización de droga o con el consumo de estupefacientes. No obstante, no se ha podido encarar con resultados positivos la imparable violencia de género.

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Ha habido una baja impresionante de las cifras de homicidios, lo cual es comprobable. Ha habido un descenso de los llamados delitos contra la propiedad aunque la comprobación de esos datos es difícil porque la información sobre inseguridad está absolutamente intermediada por la Policía y por el Ministerio Público Fiscal, que dan a conocer según su criterio lo que sucede. En la prensa se recoge de acuerdo a la oportunidad lo más llamativo en la marea constante de noticias. Pero lo que se transmite no es que haya robos o asaltos o agresiones, sino cuando hay detenciones o capturas de quienes cometen esos delitos. Y hay muchas, lo cual es un indicador de una realidad de violencia escondida detrás de la supuesta eficiencia policial.

No obstante, la baja de reclamos sería un indicio de que hay un descenso en general, como marcan las estadísticas.

Dos caras de la fuerza

Ahora bien, ¿es esta Policía tan supuestamente efectiva la misma que puede caer en estos episodios vergonzosos de corrupción? La pregunta se aplica con las acusaciones de extorsión a una organizadora de fiestas que dice que le cobraban entre $ 800.000 y un millón todos los sábados y que cuando no quiso pagar le iniciaron operativos sorpresa en los lugares de las fiestas o que directamente entraban a detener gente en medio de las celebraciones.

Una presunta red de corrupción

La fiscala Mariana Rivadeneira dijo que estimaba que se podría haber organizado una red de corrupción que consistía en que comisarios de distintas dependencias cobraban sobornos que podrían haberles entregados a sus superiores. Un caso típico de mafia policial, como las de las películas, donde están sucios desde el organizador hasta los empleados de bajo rango que obedecen y los superiores que reciben los diezmos. En medio de lo cual se aplica el llamado “blue code” en la policía norteamericana -como se ve también en las películas- que explica que se haga silencio, que no se denuncie al compañero.

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La magnitud del escándalo se pudo medir también con los comisarios y civiles acusados de formar una asociación ilícita dedicada a usurpar propiedades, que operó desde febrero de 2023 hasta marzo de 2025, cuando se la descubrió. “Blue code” a full.

Las formas del control

Jaldo fue enfático al señalar que por 15 manzanas podridas no se puede juzgar a los 13.400 empleados policiales. Correcto. ¿Pero en qué se ha cambiado el sistema para prevenir estos episodios? Tanto el opositor José Cano como el oficialista Gerónimo Vargas AIgnasse han presentado proyectos sobre la creación de un departamento de Asuntos Internos en la Policía, que esté a cargo de personal civil. “Es necesario cambiar el sistema de control porque desde hace años que se dice que hay uno que está funcionando, pero no estaría logrando buenos resultados, y eso está a la vista. No conozco que, por ejemplo, haya informes del patrimonio del personal”, dijo Cano. “Necesitamos un cambio profundo en los sistemas de control a los hombres de la fuerza”, dijo Vargas Aignasse.

El jefe de Policía, Joaquín Girvau, ha dicho que en su gestión se separó a 40 efectivos y que no hace falta crear un organismo de estas características, aunque sí se puede mejorar la oficina existente dentro de la fuerza de seguridad.

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La cuestión es distinguir las causas, que pueden llevar a policías a cometer hechos corruptos, de los mecanismos que permiten que se produzcan esos hechos corruptos. Estos se sustentan en supervisión débil y en la falta de transparencia sobre una tarea que de por sí es compleja y llena de oscuridad. Los policías tienen que vérselas con el lado B de la sociedad, con la violencia y las trampas. Siempre están expuestos las tentaciones. Algunos -como se ha visto en estos casos- las aprovechan o bien se benefician directamente con ese lado oscuro de la sociedad.

Queda pendiente la pregunta: ¿Los casos de Bernal y de los otros efectivos atrapados son singulares o responden a prácticas extendidas por el interior del sistema? ¿Explotarían si se replicaran los estallidos de violencia como el de la niña asesinada el jueves pasado en San Cayetano? En el sistema de seguridad hay una calma chicha, que se sostiene en los números expuestos por el Gobernador, pero los responsables de sostenerlo están en la cuerda floja.